El desafío de Rocha Moya y el mensaje presidencial contra la impunidad

El reciente e inesperado regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa ha desatado una de las crisis políticas más significativas en lo que va del sexenio. Tras haber solicitado una licencia temporal en medio de graves acusaciones por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado, su decisión unilateral de retomar el poder no solo representa una afrenta a la legalidad, sino un claro desafío a la autoridad federal.

La forma en que Rocha Moya manejó su retorno, anunciándolo a través de sus redes sociales sin previo aviso al Ejecutivo Federal, subraya una actitud que vulnera las formas y el fondo de la política republicana. Ante esto, la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido contundente e histórica. Al enterarse por la plataforma X del retorno del gobernador, Sheinbaum no titubeó en desaprobar la acción, marcando una línea clara que el gobierno no está dispuesto a cruzar. Como señaló la mandataria, "ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la Nación" (Escobar, 2026).

Esta postura presidencial resulta fundamental en el actual contexto de violencia e incertidumbre que vive Sinaloa. Las instituciones de seguridad, tanto nacionales como internacionales, han señalado la necesidad de mantener la integridad en los cargos públicos frente a las amenazas del narcotráfico. Según organizaciones de la sociedad civil y especialistas en seguridad pública, cuando los funcionarios bajo investigación retoman el control político, se debilita la confianza ciudadana y se entorpecen los procesos de justicia. El exjefe de operaciones especiales de la DEA, Derek Maltz, lo resumió recientemente al afirmar que "es hora de rendir cuentas" ante las acusaciones formales que pesan sobre varios exfuncionarios estatales (Infobae, 2026).

La presidenta Sheinbaum acertó al calificar el acto de Rocha Moya como una muestra de "ambición desnuda del poder por el poder". No basta con ampararse en presunciones de inocencia mediáticas cuando las investigaciones siguen su curso y la Fiscalía General de la República se encuentra en un proceso de análisis de pruebas. En democracia, la legitimidad de un gobernante no solo emana de las urnas, sino del ejercicio ético y transparente de su mandato.

El Congreso de Sinaloa tiene ahora una responsabilidad histórica. Siguiendo el exhorto del Ejecutivo federal, deben actuar como un verdadero contrapeso y designar un sustituto honesto que garantice la estabilidad del estado. El retorno de un político cuestionado internacionalmente envía un mensaje de impunidad inaceptable. Es momento de que las instituciones demuestren que nadie, por mucho poder que haya acumulado, es intocable cuando la gobernabilidad y el bienestar del pueblo están en juego.

Autor: Luis Emiliano Ruiz Maca