Entre la exigencia ciudadana y el freno legal: la controvertida llegada de Uber a Pachuca

Mientras no existan mesas de diálogo entre el Congreso estatal, el gobierno y las empresas tecnológicas, el transporte en Pachuca seguirá atrapado entre la demanda ciudadana de modernización y la postura punitiva de la autoridad.

 Uber Technologies, Inc.

La reciente aparición de tarifas y trayectos disponibles en la aplicación móvil de Uber dentro de la zona metropolitana de Pachuca encendió las alertas en el sector transporte y desató un intenso debate entre la ciudadanía, los concesionarios locales y las autoridades del estado de Hidalgo. A pesar de la fuerte expectativa generada por la plataforma mediante el envío de promociones a usuarios de la capital, la respuesta del Poder Ejecutivo estatal fue inmediata y tajante: el servicio no tiene autorización para operar.

El gobernador del estado, Julio Menchaca Salazar, fue firme al abordar el tema en conferencia de prensa: "En Hidalgo la ley se respeta; ninguna empresa, por más grande que sea, puede prestar un servicio público sin concesión o permiso oficial". En el mismo sentido, la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) advirtió que la plataforma opera al margen de la Ley de Movilidad y Transporte de Hidalgo (El Sol de Hidalgo, 2026). La dependencia reiteró que las unidades privadas detectadas prestando este servicio serán remitidas al corralón y sus conductores sancionados con multas superiores a los 87 mil pesos.

Sin embargo, del otro lado de la controversia se encuentra una persistente exigencia social. Diversos sectores de la población pachuqueña han expresado de forma constante su inconformidad con el servicio de taxis convencionales, señalando cobros excesivos sin taxímetro, unidades en condiciones deficientes y la falta de plataformas digitales eficientes para monitorear los viajes en tiempo real (Criterio Hidalgo, 2026). Para gran parte de los usuarios, la llegada de aplicaciones privadas representa una alternativa de calidad y seguridad sumamente necesaria.

Por su parte, análisis sobre la regulación vigente revelan que la Ley de Movilidad local carece de un apartado específico que regule con claridad la operación de plataformas de transporte privado, enfocando sus sanciones únicamente en el transporte no concesionado tradicional (Milenio, 2026). Mientras no existan mesas de diálogo entre el Congreso estatal, el gobierno y las empresas tecnológicas, el transporte en Pachuca seguirá atrapado entre la demanda ciudadana de modernización y la postura punitiva de la autoridad.

Autor: Luis Emiliano Ruiz Maca